Bogotá, D.C., febrero 3 de 2007
Teniendo en cuenta su interés por conocer sobre el respeto de los derechos humanos, y de las libertades sindicales a los trabajadores, por parte del gobierno de Colombia, en medio de la discusión que adelantan frente al Tratado de libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, les manifestamos que nuestra organización UNIÓN SINDICAL OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO, U.S.O., afiliada a la Central Unitaria de Trabajadores, (CUT) ha sido objeto constantemente de una serie de agresiones que resumimos así:
1. VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS
Durante los últimos 25 años nuestra organización sindical ha resistido a la privatización de Ecopetrol, con un costo muy alto. Según las estadísticas de las organizaciones de Derechos Humanos, nuestra organización ha sido victima de: 101 asesinatos, 2 desapariciones, 10 secuestrados, 26 heridos, 400 desplazamientos forzados, 10 exiliados, 300 amenazados, 300 huérfanos, 30 detenidos y se adelantan 900 procesos disciplinarios y penales contra dirigentes y activistas. Todo lo anterior obedece a una política de aniquilamiento a nuestra organización sindical; política que fue corroborada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la cual decretó medidas cautelares para nuestros miembros en el año 2001. Durante el actual gobierno en Ecopetrol S.A. se adelantaron programas de aconductamiento, conocidos como de resocialización o mobbing, consistente en sacar a los obreros de sus sitios habituales de trabajo y llevarlos a sitios de aislamiento para que no siguieran las directrices sindicales.
2. TERCERIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y DESLABORALIZACIÓN
El gobierno del actual presidente Álvaro Uribe Vélez firmó el decreto 3164 del año 2003 con el que les permitió a los empresarios rebajar los salarios de los trabajadores que prestan sus servicios en un gran número de actividades de la industria petrolera, pese a que es de muy alto riesgo en el mundo. Además en la Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL S.A. ha implementado la tercerización, entregando todas las actividades de mantenimiento y de producción a firmas contratistas; para desconocerle los años de servicio a los trabajadores que han laborado durante diez, veinte y hasta treinta años en forma eventual o temporal en diferentes actividades, ocasionando un despido masivo de más de setecientos trabajadores creando un grave problema social y familiar.
3. DESCONOCIMIENTO DE LOS CONVENIOS INTERNACIONALES DE LA OIT:
Durante la huelga realizada en el año 2004, por nuestra organización sindical para evitar la privatización de la Empresa, el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez despidió a 260 trabajadores, de estos fueron reintegrados 103 trabajadores por orden de un Tribunal de Arbitramento Voluntario pactado entre la empresa y el sindicato en acta del 26 de Mayo de 2004, pero los están despidiendo nuevamente agravándoles su situación, al declararles inhabilidad para desempeñar cargos públicos por 10 y 12 años, (muerte laboral) todo esto con la anuencia del Ministerio de la Protección Social, de la Procuraduría General de la Nación y del poder Judicial. Todas estas violaciones han sido rechazadas por los Organismos Internacionales. La OIT se ha pronunciado contra ellas en las ultimas tres conferencias, ha recomendado el cese inmediato de las sanciones y la restitución de los derechos de la organización y de los despedidos, así como su reintegro, pero el Gobierno, que dice tener una política de respeto a los derechos humanos y sindicales, se niega a acatar dichas recomendaciones.
Lo paradójico, honorables congresistas, es que mientras el gobierno desconoce los derecho fundamentales persigue y castiga a los trabajadores afiliados a la USO por haber ejercido su derecho a la protesta pacifica, a los paramilitares que han sembrado el territorio nacional con fosas comunes y han desplazado a miles de campesinos e indígenas a punta de balas y motosierras, para sembrar coca en sus tierras, el gobierno les brinda todas las garantías políticas y económicas para que sigan afianzando su proyecto paramilitar y así preservar un modelo de explotación, miseria y exclusión que día a día arrebata y pisotea los derechos laborales y fundamentales del pueblo colombiano.
Honorables congresistas denunciamos ante ustedes esta grave situación y solicitamos que acompañen nuestro justo reclamo para que el gobierno nacional tome los correctivos necesarios y respete los derechos humanos, laborales, las libertades sindicales y que acate integralmente las recomendaciones de la OIT. De igual forma solicitamos una reunión, con ustedes honorables congresistas, para ampliar la información sobre la situación expuesta.
Gracias,
JORGE ENRIQUE GAMBOA CABALLERO
Presidente
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